Resistencia
y polifonía urbana
Muchas voces que deconstruyen y construyen una nación.
Que la viven y la narran. Así puede describirse la polifonía urbana.
El término tiene lugar para definir y entender los
procesos que se viven en la América Latina del siglo XXI. Procesos que llegan
de la mano de colectivos juveniles, movimientos sociales que retratan una
resistencia urbana. Son personas, marginadas de las políticas públicas de las
grandes ciudades, que se resisten a los regímenes democráticos, tal como se los
concibe en la actualidad. Así lo señala Micael Herschmann.
En el texto Entre saberes desechables y saberes
indispensables, de Jesús Martín Barbero, se ejemplifica la resistencia y la
polifonía urbana desde la situación que hoy en día se vive en Brasil.
En el país más grande de Sudamérica surge en la primera
década del siglo XXI un activismo sociopolítico que refresca la escena política
y de accionar desde las minorías. Es importante destacar que estas nuevos
métodos de acción y protesta se alejan de los convencionalismos, y por ende se
apartan también de las organizaciones políticas tradicionales. Y la motivación
para que eso suceda es que han sido precisamente esos espacios y representantes
los cuales han ahondado en la desigualdad y la exclusión social.
Ahora, lejos de partidos y curules políticos, la música y
la expresión artística gana protagonismo y se convierte en el arma de rebelión
de los inconformes, e incluso, indignados. En ese contexto, el hip-hop es uno
de los géneros que se abre espacios. Son sus letras el reflejo de la
inconformidad de los grupos marginados, como negros, o habitantes de las
favelas.
Desde esa perspectiva la resistencia y la polifonía
urbana se construyen desde las distintas voces de los sectores sociales que
exigen entender a Brasil como un país que luce como un rompecabezas. Donde la
cordialidad que tanto se ha exportado, como un símbolo brasileño, ellos buscan
desdibujarla y presentar la realidad más hostil de la nación carioca. Se trata
entonces de un cuestionamiento a las identidades establecidas desde los grupos
de poder, las cuales se alejan de la esencia de los individuos que conforman
las minorías.
Caso
Walmart
Los premios Pulitzer galardonan a lo mejor del periodismo
de los medios de comunicación con sede en los Estados Unidos. Durante la más
reciente premiación, The New York Times obtuvo el galardón a mejor
investigación periodística, debido a la serie de reportajes correspondientes a
la instalación de una tienda Walmart, en Teotihuacán, México.
El trabajo periodístico desarrollado por David Barstow y
Alexandra Xanic puso en evidencia cómo la cadena de supermercados sobornó a
altos funcionarios mexicanos para poder construir la tienda en una zona
arqueológica. Ese es precisamente el conflicto del asunto, ya que Teotihuacán
es considerada un área de patrimonio arqueológico, en la cual obtener permisos
de construcción no resulta tarea fácil. Sin embargo, para la empresa
estadounidense no representó un gran problema.
El escándalo de soborno afectó a la imagen de Enrique
Peña Nieto (actual Presidente de México), además de a miembros de los partidos
Revolucionario Institucional y Revolución Democrática.
A pesar de lo evidente de la corrupción generada en las
negociaciones, las autoridades del país azteca no removieron a ninguno de los
implicados. Y Walmart no vio mayormente afectadas sus actividades comerciales
en la zona.
Investigación
mal uso de suelo en Quito
Partiendo de los antecedentes planteados en los textos
anteriores, un posible tema de investigación es la apertura y posterior
clausura de los Supercines, ubicados en la av. 6 de Diciembre y El Jardín, en
el norte de Quito. Resulta interesante porque el complejo de entretenimiento
abrió sus puertas desde el 2009, pero en 2010 afrontó un proceso de clausura
indefinida. Ello permite pensar que algo en sus permisos no estaba bien desde
un principio, sin embargo, se permitió su funcionamiento.
El centro que era visitado, diariamente, por 2500
personas fue cerrado en febrero del 2010. El local que era propiedad de la Inmobiliaria Motke, de la Corporación El
Rosado no ha abierto sus puertas desde entonces y se mantiene con los
sellos de clausurado. En ese contexto, la empresa responsable es una de las
fuentes principales para iniciar el proceso investigativo.
De acuerdo a una publicación realizada por diario El
Comercio, en junio del 2010, los sellos fueron colocados por tres comisarías de la Zona Norte de Quito:
de Aseo, Salud y Medio Ambiente y
Construcciones. Son esas también fuentes de investigación, pues en su poder
deben estar los expedientes que facultaron su apertura, así como los que
solicitaron su cierre indefinido.
Es posible concluir, según varios artículos periodísticos
de aquel año, que la decisión de clausurar el edificio que albergaba 22 salas
de cine respondió a dos motivos: la contaminación ambiental por ruido y los
problemas de movilidad en la zona. Esa información está albergada en el
expediente que se abrió sobre el caso en el Juzgado Quinto de Tránsito de Pichincha. Raúl Atancuri, Juez de la
entidad, debiera abordar el tema y puntualizar en las razones legales y
judiciales que facultaron la clausura.
Están disponibles en la web declaraciones de los voceros
de la inmobiliaria Motke, a cargo del proyecto, las cuales afirman que la
empresa desarrolló medidas de mitigación. Resulta interesante porque el Cabildo
hizo mediciones y determinó que el ruido llegaba a 67 decibeles, cuando lo
permitido en las zonas residenciales es de entre 45 y 55. Sin embargo,
Supercines abrió sus puertas. Eso da a pensar que existió una transa entre
autoridades municipales y representantes de La Corporación, la cual al no
llegar a buen término o un acuerdo satisfactorio entre las partes, hizo que la
ley imponga su autoridad.
Los estudios realizados por la perita Sandra Vásquez, señalaban que los
equipos y el generador de emergencia no son aportes de ruido ambiental en la
zona. Resulta determinante entrevistar a la investigadora pues a partir de sus
análisis se da lugar a la apertura del centro de entretenimiento. Además de
ella, debieran confrontarse los datos con la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Emmop), la
cual rechazó el plan de acceso y salida vehicular del complejo, pero igualmente
se permitió el funcionamiento. Finalmente, Patricia
Naranjo, comisaria encargada, era la responsable de ejecutar la orden de
clausura en el 2009, pero, arbitrariamente, eso no pasó.
@Desireeyepez
